Las migraciones son un fenómeno que tiene lugar entre Estados-nación y dentro de un sistema global, en el que intervienen una multiplicidad de actores que construyen circuitos de movilidad, demanda de fuerza laboral, horizontes de expectativas compartidas, entre otros (Sassen 2006, Ong, 2012). Sin embargo, los países siguen siendo quienes marcan, desde la materialidad de sus acciones y decisiones, la diversidad de contextos y las condiciones de bienestar y seguridad en que las personas migrantes se incorporan a las sociedades de recepción.

Analizar las políticas migratorias implica adentrarnos en el pensamiento de Estado (Sayad 2010) y su discurso, en tanto estructuras básicas que constituyen el modo de pensar contemporáneo y la forma de concebir, enunciar y regular la presencia migrante en el conjunto de la sociedad. 

Uruguay cuenta con un corpus legislativo actualizado y acompasado a la normativa internacional que define a la movilidad humana como un derecho. Esta realidad contrasta con una baja institucionalidad y dotación de recursos para su cumplimento y con disposiciones administrativas en contradicción con los principios rectores de la ley, como la implantación de visados selectivos (Uriarte, 2020). 

La integración de una perspectiva de derechos a la gestión de las migraciones no está contrapuesta a los mecanismos de control que los Estados imponen sobre la población que ingresa (Domenech, 2013). Es fundamental comprender cómo se articulan los componentes legislativos con las disposiciones administrativas que regulan el ingreso y permanencia en el país, así como medidas específicas destinadas a la reunificación familiar. En ese marco, la relación entre las figuras jurídicas refugio y migración, así como  los usos operativos que de ellas hacen las personas en situación de movilidad, ocupará un lugar clave en el análisis.

El ejercicio del derecho a la movilidad humana a través de la fronteras nacionales y al interiro del país, implica en pirmer lugar, la política de documentación. En segudno lugar, pero no menos importante, el acceso en igualdad de conidciones a los derechos garantizados en la normativa del país. Esto implica pensar la política mimgratoria en el marco más amplio del conjutno de políticas sociales. 

Los objetivos de investigación refieren al monitoreo del debate en torno los lineamientos rectores de la gestión de la movilidad humana en el país; como al análisis de los contextos legales y administrativos del acceso a derechos.

La estrategia metodológica combina aproximaciones de corte cualitativo y cuantitativo que incluye: relevamiento bibliográfico y documental, análisis estadístico, trabajo de campo etnográfico, realización de entrevistas en profundidad a actores sociales clave y análisis de discursos mediáticos en relación a derechos y migración. 

Se divide en dos escalas de trabajo: por un lado a escala nacional, para analizar las cuestiones vinculadas a política migratoria. Por otro lado, se trabajará a escala local en las ciudades de Montevideo, capital del país y principal lugar de residencia de la población migrante, así como las ciudades fronterizas.

Desde una perspectiva sociodemográfica, se propone brindar un panorama descriptivo de las condiciones de vida, el acceso al empleo y a la vivienda de las personas migrantes residentes en las áreas geográficas del territorio uruguayo, con mayor presencia absoluta y relativa de población migrante reciente. Se trabaja con información estadística nacional que, por su carácter universal, permite desarrollar un análisis territorial de corte sociodemográfico, desagregado por país de nacimiento, de las condiciones de vida, empleo y vivienda de la población migrante.